Decidir abortar. Entre la criminalización y el ejercicio de un derecho.

Abstract

Después de haber revisado la información recabada se observa una deficiencia importante en materia de acceso a la información sobre procesos de criminalización por aborto y otros delitos vinculados con evento obstétricos. Actualmente no hay datos disponibles ni en el Secretariado Ejecutivo d Sistema Nacional de Seguridad Pública ni en las instituciones de las entidades consultadas que permitan determinar quiénes son y dónde están las mujeres criminalizadas. Esto a pesar de que, como ya se explicó, la sentencia 148/2017 define un nuevo parámetro para la protección del derecho a decidir. La decisión de la SCJN implicaría, para las personas con capacidad de gesta sentenciadas o con procesos penales iniciados, un beneficio para evitar que continúe criminalización en su contra; sin embargo, las instituciones del Estado actualmente so incapaces de identificar quiénes son las potenciales destinatarias de la cobertur constitucional que otorga el reconocimiento del derecho a decidir. Esto se traduce en incumplimiento de su deber de prevenir las violaciones a derechos humanos; no h actuado con debida diligencia frente al mandato de no criminalización. De las seis entidades analizadas se observa que Durango reportó datos más desagregados; en segundo lugar se encuentra Jalisco. De las cuatro restantes, al menos una autoridad no proporcionó información con alguna de las desagregaciones consideradas en las solicitudes de información; de este subconjunto destaca Chihuahua con la falta de respuesta a dos solicitudes (infografía 7, p. 130). Esta comparación no se realiza con base en la cantidad de información sino únicamente en la desagregación de los datos reportados en sus respuestas.