Aborto inducido: ¿ignorancia o negación de una tragedia?

Abstract

El aborto inducido es una práctica generalizada en todos los países. Se recurre a la interrupción del embarazo en las sociedades rurales y las urbanas, en distintos grupos sociales y étnicos, en generaciones y grupos de edad distintos y en diversas regiones al interior de los países, con modalidades que cambian de acuerdo a factores sociales, económicos y culturales. La situación de ilegalidad del aborto inducido, que prevalece en la mayoría de los países de América Latina, ha dado lugar a numerosos debates religiosos, laicos, médicos, jurídicos y políticos. Como señalan Guillaume y Lerner, las consecuencias de esa legislación restrictiva configuran una práctica discriminatoria y de injusticia social que propicia un mercado clandestino y viola los derechos humanos de las mujeres, especialmente de las más pobres. En la Argentina, aunque la mortalidad materna ha disminuido alrededor del 30% en los últimos 30 años, la tasa ha permanecido desde 1990 en niveles cercanos a las 50 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos (2-5). La causa principal de la muerte materna es el aborto inducido, que es una de las situaciones más frecuentes de admisión en los servicios de salud de cuidados intensivos. El aborto inducido está penado por la ley en la Argentina, salvo que sea el resultado de una violación o que la vida de la mujer esté en peligro de muerte. Pese a esas excepciones, no existen garantías para el acceso al aborto seguro.